Recientemente un juez de este país que antes se llamaba España, denunció, en su sentencia contra los organizadores del 25-S, el alejamiento de la clase política de la ciudadanía, máxime en estos tiempos tan difíciles. Aunque la opinión se la tenía que haber reservado fuera de la sentencia, no puedo evitar suscribirla plenamente.
Desde que se instauró nuestra democracia en 1978, surgió una clase política que aumentó con la implantación del sistema autonómico. Con ella nacieron los cargos políticos y una red de clientelismos que tiene que pagar el ciudadano de a pie. Como consecuencia la fiscalidad ha adquirido, poco a poco, tintes de asfixiante y han aparecido extraños impuestos y exóticas multas con claro afán recaudatorio. Y lo peor de todo, es que el ciudadano no percibe que lo que paga repercute en los servicios que recibe, sino en sueldos y privilegios de altos cargos que les basta dos legislaturas para cobrar la máxima pensión de jubilación.
Si añadimos que muchos políticos que viven de nuestro trabajo, nunca han trabajado fuera de la política, (en especial los de izquierdas, lo siento progres) y nada saben de los problemas del ciudadano de a pie. El enfado y la indignación están plenamente justificados.
Quien esto escribe entiende que la política ha de estar al servicio de la comunidad y desde ella, gestionar los recursos comunes en beneficio de todos. La ventaja de una democracia auténtica es que quien nos dirige es elegido por la mayoría y depuesto por ella. ¿Donde radica entonces nuestro problema?
La historia es la gran maestra, porque siempre que caemos en los mismos errores nos acordamos de ella. Es sabido que cuando la clase dirigente se aleja de los ciudadanos y se convierte en una clase parasitaria, los ciudadanos acaban levantándose.
En la mayoría de los casos la revuelta acaba degenerando en revoluciones cruentas que siembran mayores injusticias. El orden desparece y cuando no llega por las buenas acaba llegando por las malas Stalin, Napoleón o Mussolini son un buen ejemplo de ello.
Hay que cambiar las cosas y estoy de acuerdo, pero evitando las acciones violentas. El voto y las firmas son la herramienta más eficaz dentro de la legalidad, puede ser el camino más difícil pero cualquier cambio realizado así, no quedaría en entredicho. La calle es un clamor a la hora de solicitar la supresión de instituciones y ello se puede hacer sin cambiar la constitución realizando un referéndum, en más de una autonomía se llevarían una sorpresa sus dirigentes.
¿Hay que manifestarse contra todo lo que estamos viendo? lo digo alto y claro SI, pero no contra un gobierno porque sea de un determinado color sino contra una situación que hay y se puede cambiar. Huyendo del las demagogias y cantos de sirena de algunos sectores políticos que quieren pescar a rio revuelto cuando son tan culpables de lo que ocurre como los demás. Las barricadas y las piedras no son la solución.
La democracia, el voto y la palabra son las herramientas, utilicémoslas.
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